En uno de sus artículos transitorios, la llamada #LeyTelecom establece que los videojuegos deben ser clasificados de acuerdo a un reglamento emitido por el Ejecutivo. La brevedad del artículo es apabullante, y no queda muy claro el objetivo de esta posible clasificación. En medio de polémicas acerca de la censura y la violación a los derechos humanos que se vislumbran en esta iniciativa, la clasificación de videojuegos suena peligrosa.

El sector de los videojuegos en México goza de excelente salud en lo que se refiere al mercado. El interés de los mexicanos por este sector nos ha permitido contar con títulos y consolas desde su estreno a nivel internacional. Dado el mercado con el que cuentan estos productos en nuestro país, sería deseable un sistema de estímulos especializados o un programa para que los desarrolladores mexicanos entren de lleno a la competencia local e internacional. En lugar de ello, la #LeyTelecom, en un artículo marginal, sugiere asestar un duro golpe al sector con la obligación de incluir un sistema de clasificación.

Se trata del artículo quinto transitorio, que dice (página 493 del dictamen):

“El Ejecutivo Federal deberá emitir, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, las disposiciones reglamentarias y lineamientos en materia de contenidos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente Decreto.

Los concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restringidos no podrán promocionar video-juegos que no hayan sido clasificados de acuerdo a la normatividad aplicable, misma que deberá expedir el Ejecutivo Federal dentro del plazo referido en el párrafo anterior.”

Nada más. Es decir, no hay información acerca del objetivo, los mecanismo o el tipo de clasificación que se propone; sin duda alguna, se trata de otra de las peligrosa puertas abiertas que deja la #LeyTelecom para la censura.

Pero los videojuegos ya vienen clasificados, ¿cierto?

Foto: Brian
Foto: Brian

Existen varios mecanismos de clasificación de videojuegos actualmente. Los que probablemente habrás visto son el ESBR y el PEGI. El primero aplica para Estados Unidos y es el que aparece impreso en los juegos que se distribuyen en México. Es emitido por la Entertainment Software Rating Board, un organismo autoregulado y sin fines de lucro que no pertenece a ninguna instancia gubernamental. Es decir, no existe ninguna ley en EEUU que ordene que los juegos deben ser clasificados, más bien los desarrolladores voluntariamente se someten a los criterios de la ESRB para que los consumidores (principalmente los padres) tengan más información acerca de los juegos que compran. No existe ninguna sanción, si acaso una empresa decide que sus juegos no serán clasificados.

Si has visto tráilers en español, estarás familiarizado con la clasificación PEGI, que aplica para España y otros países de Europa. PEGI son las siglas en inglés para “Información Paneuropea sobre Juegos”, dicho mecanismo fue desarrollado por la Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE), con 30 países afiliados en el viejo continente. Esta federación no tienen ninguna relación con la Unión Europea, tan esa así que cuenta con afiliados que no están relacionados con dicha asociación. También se trata de una clasificación voluntaria cuyo objetivo es brindar información oportuna a las familias que pretenden adquirir un videojuego.

En otras palabras, ninguna de estas clasificaciones supone en ningún momento control gubernamental. En contraparte, lo que impulsa este artículo transitorio es un reglamento directamente emitido por el Ejecutivo Federal con el fin de decidir cuáles videojuegos serán promocionados y cuáles no, de acuerdo a criterios en los que no participaría ni la industria ni los consumidores.

¿Censura?

Foto: clry2
Foto: clry2

El artículo es demasiado escueto como para darnos información certera al respecto. Lo que está claro es que cualquiera que sea el motivo, el sistema de clasificación abre la puerta para prohibir que ciertos juegos sean promocionados.

A estas alturas, ya nadie puede pensar que los videojuegos son un frívolo y simple modo de entretenimiento. Tal y como sucede con el cine o los cómics, esta plataforma tiene posibilidades infinitas de comunicar, expresar y criticar. ¿Dejaríamos que Presidencia decidiera qué películas debemos ver? No lo haríamos ni en condiciones normales, pero mucho menos en el marco de una iniciativa tan hostil contra la libertad de expresión.

En términos concretos, cierto grado de censura es posible. Pero es importante subrayar que el artículo transitorio en ningún momento dice que se prohibirá la distribución de un juego en México, simplemente señala que ciertos títulos podrían no ser promocionados en radio o televisión.

Consecuencias reales

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Es difícil aventurar conclusiones con un artículo tan pobremente redactado, todo dependería de la reglamentación que tendría que emitir el Ejecutivo al respecto. Pero por lo pronto podríamos especular que el estreno de títulos podría verse retrasado en nuestro país, además de que una serie de trámites burocráticos serían impuestos a los distribuidores en México. Todo esto afectaría a la industria y eventualmente a los videojugadores mexicanos, que probablemente tendrán que esperar más tiempo para comprar un título a un precio más elevado, producto de la inversión de tiempo y recursos que los distribuidores harían para adaptarse a esta clasificación.

No es la primera vez que se presenta una iniciativa como esta, y de aprobarse representaría un golpe tanto a la emergente industria de videojuegos en México, como para los consumidores. Según el abogado constitucionalista Rodrigo Díez, en entrevista para Borde Político:

“El peligro es que a partir de este sistema de clasificación se restrinjan derechos fundamentales y se establezcan obligaciones onerosas para la industria”

Este artículo transitorio no es ni por mucho lo más importante de la ley, pero no deja de levantar sospechas. ¿Qué pretende el Ejecutivo al tener en sus manos la clasificación de los juegos? ¿Está capacitado para eso? ¿Por qué entorpecería la promoción de este sector sólo en radio y televisión? Con el sistema ESBR tan extendido en nuestro país, francamente sólo pueden verse motivos torcidos detrás de todo esto.

*Imagen de portada: pawpaw67

vía Publimetro

fuente Borde Político

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