Reparar tu propia consola o PC podría llevarte a la cárcel: Consecuencias del T-MEC

Platicamos con expertos en tecnología y derechos de autor para conocer las consecuencias del T-MEC en nuestra vida en internet.

El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá trajo consigo no solo un nuevo acuerdo comercial, sino también modificaciones a las leyes de nuestro país. En medio de la pandemia de Covid-19, el T-MEC llevó a la aprobación apresurada de una serie de reformas que representan una seria amenaza al derecho a la libertad de expresión y que cambiarán la forma en que consumimos contenido y nos relacionamos con la tecnología.

¿En qué consiste la iniciativa? Entre otras cosas, la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal contempla multas millonarias y años de cárcel para quienes reproduzcan o retransmitan contenido, modifiquen software o reparen hardware sin autorización.

Así, las reformas aprobadas implicarían que acciones aparentemente inocuas como usar fragmentos de una obra para hacer un meme, retransmitir contenido de televisión en medios digitales, modificar el sistema operativo de tu computadora o hasta reparar tus propias consolas de videojuegos podrían implicar delitos por los que podrías terminar en prisión.

Pero, ¿por qué aprobar una serie de reformas que contradicen lo estipulado en la Constitución? Y, sobre todo, ¿por qué tanta prisa en darles luz verde?

(Foto: ifixit)

Reformas anticonstitucionales

Para incorporarse al T-MEC, México debe adecuar su legislación al capítulo de Propiedad Intelectual del tratado. El acuerdo contempla que las naciones que se suscriben tienen hasta tres años para ajustar las leyes nacionales. Aun así, a menos de un día de que el tratado entrara en vigor, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobaron las reformas. Esto a pesar de que distintas organizaciones han señalado que son violatorias de los artículos 6 y 7 constitucionales.

Luis Fernando García, director de la organización R3D, señaló en entrevista con Código Espagueti que la premura del Congreso responde, en gran parte, a presiones políticas:

Quisieron aprovechar la coyuntura de la pandemia para intentar que estas legislaciones pasaran desapercibidas y de esa manera concretar ese golpe a los derechos y a la economía de millones de usuarios de tecnología”.

El artículo sexto de la Constitución señala que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como abuscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. De la misma forma, el artículo séptimo indica que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, además de que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

Organizaciones civiles han señalado que la criminalización que contemplan las modificaciones a las leyes no solo es anticonstitucional, sino que representa una restricción a los derechos humanos contemplados en tratados internacionales.

Es un desbalance en el que se están poniendo por encima los derechos de autor sobre la protección de otros derechos humanos como es, en este caso, la libertad de expresión, nos dijo en entrevista Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de la organización Artículo 19.

Candados digitales

Las medidas de protección existen en casi todos los productos tecnológicos que consumimos y sirven, básicamente, para que los usuarios no puedan copiar ni modificar su contenido: aquellas que te impiden ver el código de un videojuego, hacer una copia de un DVD e instalar o desinstalar ciertas aplicaciones de un dispositivo, por ejemplo. Aunque hayas pagado por esos productos, estos no son realmente “tuyos”.

“Vale la pena mencionar que copiar el contenido de un DVD no es una infracción a derechos de autor, nos explica Luis Fernando García. “Ejercer o usar un fragmento de video que está en un DVD protegido por un candado digital no es ilegal, pero romper el candado que necesito romper para generar el fragmento y usarlo sí lo sería”.

García indica que los candados digitales “tienen menos que ver con derechos de autor y más que ver con controlar lo que los usuarios podemos hacer de los bienes de nuestra propiedad, para beneficio de los fabricantes de tecnología y en perjuicio de nuestra libertad y del interés público”.

¿Por qué querríamos eludir esos candados digitales? Quizá la razón más importante está en nuestra propia privacidad: los dispositivos que utilizamos todos los días, dentro y fuera de nuestras casas, recolectan y usan nuestros datos personales con fines comerciales. Es posible deshabilitar las funciones que recaban nuestros datos indiscriminadamente, pero es casi imposible hacerlo sin eludir candados. 

Otra forma en que los fabricantes usan esas medidas es para impedir que cualquiera pueda arreglar software y hardware y, de esa manera, mantener un monopolio en la reparación de sus dispositivos. Así, también podría castigarse con multas de hasta 1.7 millones de pesos y seis años cárcel a quien eluda los candados digitales para modificar sus propios teléfonos, electrodomésticos o consolas de videojuegos, así como a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a su reparación.

“Supuestamente, los fabricantes ponen esos candados para proteger derechos de autor”, señala el director de R3D. “Pero también lo hacen para controlar la manera en la que usamos los dispositivos tecnológicos, lo que les da la posibilidad de generar mayores ganancias de al menos dos maneras: obligándote a reparar esos dispositivos ante el fabricante y asegurándose de que tus dispositivos dejen de funcionar después de determinado tiempo, lo que se conoce como ‘obsolescencia programada’, de manera que tengas que comprar un remplazo”.

Un ejemplo de esa obsolescencia programada y del control que las empresas buscan tener sobre la reparación de sus dispositivos está en lo que ocurrió con Apple: en 2017, la compañía aceptó que el iPhone 6 sí se volvía más lento con el tiempo a causa de su batería y, en 2018, presentaron un software de diagnóstico que permitía bloquear las computadoras reparadas por terceros. Más tarde, en 2019, Apple comenzó con el bloqueo de los teléfonos cuyas baterías habían sido cambiadas por técnicos no oficiales.

A diferencia de las leyes en Estados Unidos, García recuerda que en México acciones como reparar nuestros propios dispositivos, desbloquear teléfonos para cambiar de compañía o hacer capturas de pantalla para grabar transmisiones en línea no están reconocidas como una excepción en la legislación. 

“En unas horas o días, en cuanto entre en vigor esta reforma, en Estados Unidos serán legales muchas cosas que en México serán ilegales y meritorias de sanciones millonarias e incluso, en algunos casos, de penas de prisión de hasta seis años”.

(Foto: Microsoft)

Notificación y retirada

En Estados Unidos, “notice and takedown” o notificación y retirada es un mecanismo para bajar contenidos de Internet cuando una persona denuncia que estos violan sus derechos de autor. Plataformas como Facebook y YouTube están obligadas a retirar esos contenidos de forma inmediata, incluso cuando no se ha comprobado que estos efectivamente violan esos derechos, sin la intervención de ninguna autoridad gubernamental

“Cuando alguien alega que un contenido viola sus derechos en Internet es necesario que haya un proceso judicial en donde se escuche a las partes y se determine si efectivamente ese contenido viola los derechos o se encuentra dentro del alcance de las excepciones”, explica el director de R3D. “Por eso nos parece y es claramente inconstitucional este mecanismo, ya que te censura primero y se averigua después si sí viola o no viola derechos de autor.

Un ejemplo está en los videos que criticaban al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como las recopilaciones de sus apariciones públicas, que fueron retirados de YouTube con el pretexto de que infringían los derechos de autor de terceros. De esa forma, la notificación y retirada puede ser utilizada como una forma de censura previa, sobre todo cuando los contenidos son usados para criticar a altos funcionarios o al gobierno en turno. 

Las personas que hayan sido censuradas a través de la notificación y retirada sí pueden hacer un aviso de que su contenido no infringe las leyes. No obstante, el denunciante puede insistir, interponer una demanda y, mientras se resuelve el juicio, el contenido queda censurado

Para Roberto Garza, Profesor Investigador de Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado del Tecnológico de Monterrey, sería difícil que alguien abusara de este mecanismo para pretender ejercer censura, pues la denuncia debe ser hecha exclusivamente por el titular de los derechos de autor. En entrevista, Garza nos aclara que también la persona que denunciaste puede ser acreedora de multas:

“Incluso si no viene la multa se puede iniciar una acción legal por abusar de un derecho que no tiene o por abusar de este sistema. Aquí se contempla una multa de hasta 20 mil unidades de medida y actualización a quien realice una falsa declaración en un aviso o contra aviso. Si tú haces tu página de Internet y la tumban y haces un contra aviso, basta con que no hagas una declaración en falso”.

Sin embargo, en un país con un largo historial de represión y violaciones a la libertad de expresión, la notificación y retirada puede representar una forma de censurar que puede ser utilizada por actores políticos para evitar la difusión de información que les es inconveniente.

Artículo 19 indica que se trata de un mecanismo extrajudicial que no otorga ningún tipo de garantía ni protección a usuarias y usuarios:

“Lo que nosotros hemos detectado es que se ha utilizado para silenciar y eliminar contenidos de interés público en una sociedad democrática”, dijo Vladimir Cortés. “Lo que impacta directamente en el ejercicio periodístico y en las publicaciones de los medios de comunicación sobre algunas noticias que puedan resultar incómodas. Por otro lado se configura como una suerte de efecto inhibidor para la libertad de expresión. Las personas ya no tienen la misma certidumbre al publicar cualquier información en Internet por el temor a caer en alguno de los supuestos que prevé la reforma y, por lo tanto, hay una autocensura”.

¿Qué nos queda por hacer?

Las reformas fueron aprobadas este 1 de julio por la Cámara de Diputados, el mismo día en que el T-MEC entró en vigor. Las organizaciones civiles ya anunciaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que son los últimos organismos que podrían ordenar la suspensión de la entrada en vigor de esas normas y promover acciones de inconstitucionalidad.

Garza no cree que las medidas implementadas a partir del tratado cambiarán nuestra relación con la tecnología en la vida cotidiana, al menos no significativamente:

“No creo que vayan a cambiar. Depende qué haga cada persona con la tecnología. Yo creo que no van a afectar mucho, siempre y cuando no estés infringiendo derechos de autor. A final de cuentas, el objetivo de los derechos de autor es noble: es promover la cultura, el arte y la ciencia”

Artículo 19, por su parte, aconseja no detener nuestro ejercicio de la libertad de expresión a partir de las reformas y en lo que se determina cómo afectarán a nuestra vida cotidiana:

“Vigilaremos que este tipo de reformas no vayan a frenar el seguir compartiendo memes, seguir compartiendo publicaciones y que los medios periodísticos sigan haciendo sus trabajos de investigación. En Artículo 19 estaremos atentos y seguiremos defendiendo que las personas puedan expresarse libremente y que las y los periodistas también puedan continuar con su trabajo sin temor”.

Mientras se presentan las demandas de amparo y se lleva el caso a las últimas instancias, será en las próximas semanas cuando sepamos si estas reformas están dirigidas de forma exclusiva a la protección de los derechos de autor o, como advierten activistas, son una afectación a los derechos que ejercemos todo el tiempo en Internet.