Apple tendrá que pagar 113 millones de dólares para resolver una investigación realizada por 34 estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos. La popular compañía de tecnología fue demandada por ralentizar intencionalmente modelos de iPhone más antiguos, por lo que a este hecho se ha denominado la “batterygate”
Apple admitió a finales del 2017 que estaba ralentizando el rendimiento de los iPhones más antiguos al actualizar el sistema operativo iOS para “compensar la capacidad limitada de sus baterías” para evitar que las computadoras se sobrecarguen y se apaguen.
Foto: MN
Los demandantes (incluidos clientes y gobiernos estatales) señalaron que la empresa no informó sobre la práctica antes de que fuera descubierta y expuesta por agentes externos. Al respecto, señalaron que al dañar los dispositivos más antiguos, fomentan la compra de nuevos teléfonos inteligentes lo que conlleva varios factores, incluyendo factores ambientales.
Esto llevó a los reguladores y compradores a criticar al fabricante por no tomar explícitamente la medida y dio lugar a una demanda que actualmente se está resolviendo fuera de los tribunales, según información de Washington Post.
El caso batterygate
“Las grandes tecnologías deben dejar de manipular a los consumidores y decirles toda la verdad sobre sus prácticas y productos”, dijo en un comunicado el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, quien fue parte de la investigación.
Los representantes del fabricante declararon en los expedientes judiciales que aceptan el acuerdo para resolver la investigación en curso, pero afirmaron que esta disposición no era una “admisión de una violación de ninguna ley, norma o reglamento (…) o responsabilidad o irregularidad que Apple niega expresamente “.
“Ninguna parte de este juicio, incluidas sus declaraciones y compromisos, pretende constituir evidencia de la responsabilidad, culpa o mala conducta de Apple”, dijo la compañía en los documentos.
En este punto cabe señalar que la práctica seguida por el fabricante no es ilegal, aunque la clave es que los clientes y reguladores no han tenido conocimiento de ella. Los abogados de los demandantes argumentaron que si los usuarios hubieran sabido por qué sus dispositivos se ralentizaban, podrían haber reemplazado las baterías en lugar de comprar equipos nuevos.
