La medida fue tomada luego de que una joven desapareciera el 8 de septiembre anterior.

Cabify ya no podrá circular en Puebla

Tras la violación y el asesinato de Mara Castilla de 19 años confirmado el pasado 15 de septiembre, y luego de las pronunciaciones por parte de la población contra Alexis Díaz – presunto asesino y conductor de Cabify- el gobierno local del Estado de Puebla ha decidido que la compañía española de redes de transporte privados, no podrá operar más en la entidad.

Tras darse a conocer que Díaz había secuestrado, violado y estrangulado a la joven xalapeña que vivía en Puebla, Cabify había anunciado horas antes que implementaría nuevas medidas de seguridad como un botón de pánico para alertar sobre las situaciones de riesgo tanto de usuarios como de conductores.

Diódoro Carrasco Altamirano, secretario estatal de Gobierno, aseguró que “No habrá espacios para la impunidad”, tal como ha advertido el diario El País. Según Carrasco, la decisión se tomó tras constatar irregularidades en el sistema de seguridad de Cabify, como, por ejemplo, que la compañía pide a sus conductores una carta donde constaten que no tienen antecedentes penales; sin embargo, Alexis Díaz –quien previamente había trabajado en Uber en Ciudad Juárez-, está acusado de robro de hidrocarburos, de acuerdo con la Fiscalía de Puebla, la encargada de investigar el asesinato de Mara.

Alexis Díaz fue despedido de Uber por “comportamiento indebido”, pero Alejandro Sisniega, director de Cabify en México, asegura que la empresa pidió un cruce de datos y que Díaz aprobó todos los exámenes, incluyendo las pruebas psicométricas y toxicológicas. Y que la Fiscalía de Puebla había expedido la constancia de antecedentes no penales el pasado 10 de agosto.

Por su parte la Fiscalía declaró para el diario español que Díaz está acusado de robo de combustible, acto que también se conoce como “huachicoleo”, pero al no haber recibido una sentencia, las acusaciones no se han visto reflejadas en la última carta de no antecedentes.

Aunque Cabify asegura que prestará toda la ayuda posible a la Fiscalía, la empresa no podrá operar dentro del Estado de Puebla.

Entonces, sólo resta preguntarnos: ¿qué podemos esperar de las leyes que no son capaces de expedir una carta de antecedentes penales honesta?; ¿cuáles serán las medidas que tomarán tanto el gobierno como las empresas privadas de transporte para aminorar los riesgos de asalto, violación, asesinato, acoso, etc.

fuente El País

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