El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que asegura que Google debe respetar el “derecho al olvido” de la ciudadanía en el Viejo Continente. El fallo se dio a raíz de que la empresa de Mountain View hizo oídos sordos a la solicitud de un ciudadano español para que borraran su información personal de los resultados de búsqueda.

Todo comenzó un día cualquiera en que el ciudadano español Mario Costeja González buscó su nombre en Google. Los resultados arrojaron una subasta de inmuebles promovida por un embargo relacionado con deudas a la Seguridad Social. El caso tenía más de diez años de antigüedad y ya estaba resuelto, pero cuando Costeja solicitó a Google que eliminara dichos resultados la empresa no emitió ninguna respuesta.

El ciudadano acudió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quienes ya tenían asuntos pendientes con Google. Después de estudiar el caso, la agencia pidió a la “gran G” que eliminara los resultados de búsqueda, pero en respuesta la empresa interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la petición de la AEPD. Antes de dar un paso en falso, la Audiencia española hizo una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Google se defendió al alegar que su postura era simplemente de intermediario entre los editores web y los usuarios. El buscador sólo arroja resultados, no publica información personal en sí mismo. Sin embargo, el Tribunal falló a favor del ciudadano y la AEPD y fincó responsabilidades en la empresa de la “gran G”. Según el precedente sentado por el Tribunal, Google tendrá que atender todas las solicitudes de ciudadanos europeos que pretendan que ciertos resultados con información sensible para ellos sean borrados. Incluso aunque el editor de la página no elimine la información en cuestión.

En relación a las solicitudes, el Tribunal de Justicia de la UE asegura que deben ser borradas:

“Si dicha persona tiene derecho a que la información en cuestión sobre ella deje de estar vinculada en la actualidad a su nombre a través de la lista de resultados que se obtiene tras efectuar una búsqueda a partir de su nombre. Si éste es el caso, los enlaces a páginas web que contienen esa información deben suprimirse de esa lista de resultados, a menos que existan razones particulares -como el papel desempeñado por esa persona en la vida pública- que justifiquen que prevalezca el interés del público en tener acceso a esa información al efectuar la búsqueda”

Este debate se encuentra en el contexto de la discusión en torno al llamado “derecho al olvido”, el cual se refiere a la posibilidad de un ciudadano de borrar sus datos personales de la web. Como sabrán, incluso en las redes sociales no siempre tenemos el control absoluto de nuestra información: o no podemos borrarla, o el proceso es largo, difícil y tedioso. En muchos países europeos la cuestión del “derecho al olvido” se ha ido volviendo más relevante en los últimos tiempos; y es bastante probable que en México y América Latina también se discuta el asunto en el futuro próximo.

*Imagen principal: Shalom Tesciuba

vía El Mundo

fuente The Guardian

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