Hace muchos años, pero muchos en realidad —toda vez que ya no soy un chamaco— me gustaron las utopías, aquellos sueños culturales que animan los programas políticos, las ideologías y que constituyen, en última instancia, el alma de los países. Conforme las fui conociendo, me di cuenta de una ruptura acontecida después de la Primera Guerra Mundial. Tras la Gran Guerra, las utopías inocentes que diseñaban futuros felices, poblaciones sanas y alegres, viajes interestelares por el puro placer de conocer, así como sociedades ordenadas en las que la tecnología permitía horas y horas de tiempo libre; todas ellas, digo, desaparecieron. En su lugar llegaron obscuras y tétricas distopías en las que privan el sometimiento, el dominio, el control de la maquina sobre el hombre, la pérdida de nuestras características más humanas y, sobre todo, el crecimiento del totalitarismo que conoce todos los movimientos de cada individuo y de la comunidad en su conjunto. De entre ellas, no podemos olvidar 1984 de Orwell, Fareheit 451 de Bradbury y El cuento de la criada de Atwood. Siempre pensé que eran pesadillas enfebrecidas, advertencias más allá de lo lejano. Recientemente, sin embargo, me despierto con una sutil distopía que nos amenaza, una que las rifas presidenciales y la inseguridad no han dejado tiempo para comprender.
La neutralidad de la red debe ser una prioridad de la agenda ciudadana. Todo comenzó en 2014 cuando se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones. En ese entonces, se obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a emitir lineamientos que protegieran la neutralidad de la red, es decir, que estuviera sometido a criterios como la libre elección, la no discriminación y, sobre todo, la privacidad y la transparencia. Destaco estos dos últimos principios porque en ellos radica la más importante de sus amenazas. Durante cinco años, el IFT se hizo pato —como decimos en México, ahora que las aves migratorias están de moda— y no fue sino hasta 2019 que se emitió un documento llamado “Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de internet”… amén. Antes de que se me corte el aire por tan largo nombre, debo decir que el documento está abierto a consulta pública hasta el 6 de marzo de 2020, fecha que se cumple en unos cuantos días.
Aparentemente deberíamos estar felices por que existen lineamientos. Sin embargo, parece que por ignorancia o desaprensión —quiero en buena fe creer eso— aparecen elementos que permitirán a los proveedores de internet el bloqueo de aplicaciones, servicios y contenidos si el gobierno así lo dispusiera en situaciones de emergencia o seguridad nacional, o bien, a petición expresa de autoridad competente. Eso, en buen español, se llama censura y de la peor especie, porque resulta que para ejecutar esta facultad se requiere que estemos permanentemente vigilados. No me refiero sólo a la emisión de un noticiario, sino al tweet de algún ciudadano, a una conversación en una red social.
Por otra parte, de aprobarse los lineamiento como están, un proveedor de internet podría privilegiar el tráfico de sus socios o favorecer a quienes prefiera por sus contenidos o sus aplicaciones. Así, los proveedores se transformarían en gestores de privilegios en cuanto a la velocidad y la calidad de los servicios que les parezcan convenientes. Si a usted le gusta más Telegram que Whatsapp, pero ese no es el criterio de su proveedor, entonces el cliente podría estar en problemas. De nuevo el ojo del Gran Hermano nos hace un guiño y se amenaza la libertad y la pluralidad de la red.
Foto: Blaise Alleyne
Los lineamientos son una contradicción en términos: se basan en la vigilancia y la censura aunque pretendan ampliar y democratizar el servicio. Sí, es obvio, pero mientras se permita aquello de uso ilimitado de determinadas redes sociales y no de todas, mientras tengamos que habérnoslas con una entidad que decide si lo que hacemos es malo o peligroso, entonces dejamos de ser usuarios con derechos para convertirnos en productos con características deseables o indeseables.
Me entra miedo cuando me doy cuenta de que no están previstas formas claras en las que los usuarios podamos conocer los mecanismos de monitoreo y nos quedamos, ahora sí, frente a una especie de dios de la internet, ante el cual estamos completamente desprotegidos.
Antes de que nos apliquen una norma que ni siquiera habrá de pasar por el legislativo, los ciudadanos tenemos que manifestarnos ante el IFT. Hay mecanismos en la red para hacerlo. En todas las distopías que conozco, y que no son pocas, hay un lugar común: el Estado y la tecnología se apoderan de los humanos bajo un principio elemental: la comodidad y la indiferencia de la sociedad que prefiere atenerse a los hechos y que reacciona cuando ya es demasiado tarde.
