Hay temas que por más importantes que sean y por más que algunos clavadazos hablemos de ellos, parecen ser demasiado abstractos. El movimiento de los “datos abiertos” es uno de ellos. Al grueso de la gente le vale un comino, no le entiende y no le importa. Y es justamente por eso que me parece crucial seguir hablando del tema, porque tengo la certeza de que la repetición muchas veces termina generando interés.
No pretendo aquí aventarme un rollazo sobre qué son los datos abiertos o sobre cómo ha avanzado el movimiento a nivel mundial. Ya habrá oportunidad de hacerlo en alguna otra ocasión. Baste con decir que los datos abiertos es un movimiento global que en los mejores casos se ha traducido en políticas públicas que reconocen que los datos (económicos, de población, de servicios de salud, sobre seguridad etc.) pertenecen a los ciudadanos. Pero, ¿esto qué quiere decir? Simple y sencillamente, que las autoridades (locales, estatales o federales) no son dueñas de la información -de los datos- que generamos cotidianamente como individuos o como sociedad. Los datos son de todos y deben “abrirse” -ponerse a disposición de quien sea a través de formatos amigables- para que puedan ser utilizados por programadores, activistas, diseñadores, tomadores de decisiones o ciudadanos comunes para conocer sobre un tema, difundir algo de su interés, mejorar su realidad, transformar algo o informarse mejor (o todas las opciones anteriores).
En concreto, una política de datos abiertos puede ayudar a un ciudadano cualquiera a través de aplicaciones (apps o páginas web, por ejemplo) a: conocer su expediente médico y a saber qué doctor del país tiene un mejor récord al tratar ciertas enfermedades, tomar la ruta más eficiente para llegar al trabajo, saber qué estaciones de Ecobicis quedan más cerca de dónde se encuentra, informarse sobre el índice delincuencial de la colonia a la que se quiere mudar o conocer cuál es la mejor escuela de la zona en la que vive.
En los últimos años, los gobiernos federales de México han dado pasos para abrir sus datos, pero falta aún mucho camino que recorrer, sobre todo a nivel estatal y local. Ahí, los gobiernos siguen siendo básicamente “cajas negras” en las que la información que debe ser pública sigue siendo controlada por las autoridades. La excepción es el Distrito Federal, que ya tienen una página en la que podemos encontrar un montón de bases de datos para nuestro uso y regocijo y en donde existe una política activa de promoción de su uso (el último HackDF, probablemente el mejor ejemplo de esto).
A nivel federal faltaba otro “empujón”: la construcción de una verdadera política nacional de datos abiertos que genere los incentivos y mecanismos institucionales necesarios para que todas las dependencias del gobierno federal operen bajo esta lógica. Y bueno, el otro día, recibí de un querido amigo un correo que simplemente decía: “mira que padre! http://datos.gob.mx/”. Y yo miré y leí: “Esta es la primera política colaborativa que se abre a comentarios y edición de la ciudadanía. ¡Participa! Tu opinión se tomará en cuenta”. Y hoy se los comparto porque creo que es importante hacerlo: ustedes también miren… entren, exploren y participen, aunque el tema pueda parecerles todavía muy abstracto. En este país, los ciudadanos no tenemos demasiadas oportunidades de influir en temas de política (más allá de nuestro voto el día de las elecciones). Por eso, aprovechen, aprovechemos, ésta.
