El 90% de las personas vigiladas no han sido acusadas de ningún delito ante un juez.

El gobierno nos espía a través de nuestros smartphones. Esto es algo que bien o mal todos sabemos, pero que muy pocas veces consideramos relevante para nuestra vida o seguridad. Pero lo es y no debe tomarse a la ligera, pues la recolección, almacenamiento, monitoreo y análisis de información personal (los llamados metadatos) que se obtienen traen consigo un gran riesgo a la privacidad y seguridad de una persona.

Si bien las autoridades intervienen las comunicaciones privadas en aras de la seguridad, datos obtenidos por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) demuestran que pocas veces se usan los datos obtenidos para ejercer acción penal contra los “espiados”. Traducción: Las autoridades espían miles de dispositivos móviles en busca de criminales, pero sólo el 8.73% de las averiguaciones previas en las que se utilizado alguna medida de vigilancia entre 2013 y 2015 se ha ejercido acción penal.

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Si el 90% de las personas que podrían haber sido vigiladas con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez ¿quién y para qué siguen interviniendo nuestras comunicaciones?

En su informe El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control, elaborado en colaboración con Internews, Open Society y Privacy International, R3D destaca que de 2013 a 2015 se documentaron 3 mil 182 solicitudes con autorización del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas (ICP), siendo rechazadas solo 5.28% de las solicitudes.

  • En 2013, de 872 solicitudes, únicamente 54 fueron negadas por un juez.
  • En 2014, de 1165 solicitudes, únicamente 52 fueron negadas.
  • En 2015, de 1144 solicitudes, fueron negadas 62.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fue la autoridad que más veces ha hecho este tipo de intervenciones, seguido de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal. El reporte revela que pese a que el CISEN, PGR, la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (en 1 ovación) son las únicas dependencias federales que reportan solicitudes para realizar ICP, 12 procuradurías y fiscalías del país ni siquiera proporcionaron información de los resultados del espionaje en el combate al delito.

Las empresas de telecomunicaciones del país están obligadas por ley a almacenar durante dos años los metadatos de comunicaciones de sus usuarios y otorgar esta información a las autoridades autorizadas (fiscalías estatales, PGR, Policía Federal y CISEN). En este sentido, el gobierno reporta que de 2013 a 2015 se realizaron 41 mil 107 solicitudes a las telefónicas y que estas aceptaron 90% de ellas, pero únicamente el 1.09% contó con autorización judicial federal y en 7 mil 845 casos se dio información a dependencias que no tenían facultades legales ni constitucionales para acceder a ese tipo de datos.

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La cantidad de solicitudes aumentó durante el primer trimestre de este año, y Telcel fue la empresa que más solicitudes recibió con un 71.9% del total, seguida de AT&T con 15.4% y Movistar con el 11.5%. En cuanto a las solicitudes rechazadas, R3D señala que es preocupante que la compañía de Carlos Slim no haya rechazado ni una sola solicitud:

“La empresa que más solicitudes rechazó fue AT&T con 63.5% de las solicitudes recibidas, seguido de Megacable (servicios fijos) con 46.6% y Movistar que rechazó el 8% de las solicitudes de acceso a datos de usuarios. Es altamente preocupante que Telcel no haya rechazado ni una sola solicitud de ADC en el primer semestre de 2016, siendo la empresa que recibe la mayor cantidad de parte de autoridades.”

Aunque las cifras parecen no tan alarmantes, consideren que cada petición no equivale a investigar una persona. Una sola solicitud puede buscarse la autorización para vigilar a múltiples personas o dispositivos.

“Por ejemplo, entre 2013 y 2015, fueron autorizadas 205 solicitudes realizadas por la Policía Federal, sin embargo, en ese periodo vigiló 1781 dispositivos producto de esas autorizaciones. En el mismo sentido, la PGR recibió autorización respecto de 811 solicitudes y vigiló a 3672 dispositivos.”

El estudio de la R3D se basó en la respuesta que el gobierno mexicano dio a más de 600 solicitudes de transparencia. Aunque hay cifras alarmantes como las que aquí mostramos (y que muestran como Veracruz es el estado que más datos recabó espiando a la gente) y que demuestra la ineficacia de los servicios de inteligencia mexicanos, quizás la revelación más importante es que al parecer la Constitución se está aplicando en una sola vía.

fuente Red en Defensa de los Derechos Digitales

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