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La ley Fayad y la criminalización de Internet en México

Un proyecto que pone en entredicho la libertad de los mexicanos en Internet. A inicios de esta semana el senador Omar Fayad (PRI) presentó una iniciativa de ley ante el Senado...

Un proyecto que pone en entredicho la libertad de los mexicanos en Internet.

A inicios de esta semana el senador Omar Fayad (PRI) presentó una iniciativa de ley ante el Senado de la República, la cual supuestamente busca frenar los delitos informáticos en nuestro país. El documento es muy cuestionable, tanto en la forma en que está redactado como en los conceptos que maneja, pues lo que propone es prácticamente criminalizar Internet tal y como lo conocemos.

Basta con ver algunos de los artículos que componen la iniciativa para darse cuenta de la ambigüedad que maneja y los atropellos que se proponen. Por ejemplo, en el artículo 17 se habla de castigar a quien altere un “sistema informático”, algo que deja abierta la puerta para que alguien pueda ir a la cárcel por haber modificado, de alguna forma, cualquier software.

“A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente.”

Otro de los puntos que dejan más dudas que certezas es en el concepto de “código malicioso” que se tiene el artículo 3, fracción V, donde lo definen entre otras cosas como un “programa o código de sistema informático creado” para “obtener información”. Esto obviamente ignora el hecho de que no todos los programas que se crean para obtener datos están hechos necesariamente con fines maliciosos.

La ley Fayad también atenta en contra de la libertad de la libre información, ya que en los llamados “Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal” (artículos 22, 23 y 24) se habla de castigar con hasta 10 años de cárcel la difusión de datos privados sin la autorización del dueño. El problema aquí, es que nunca se hace una distinción de la información de interés público, como por ejemplo, actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Visto de otro modo, los periodistas no podrían divulgar esa información sin autorización previa de los involucrados, e incluso iniciativas como Méxicoleaks también se verían afectadas.

La policía cibernética

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Imagen: EFF.

Una de las tantas preguntas que quedan luego de ver todo lo anterior es ¿quién va a dedicarse a perseguir esos supuestos delitos informáticos? Bueno, pues para eso la iniciativa contempla a la llamada “policía cibernética”, que se propone tenga la facultar de “vigilar” la seguridad en Internet (artículo 6) y el poder de solicitarle a las empresas de telecomunicaciones datos de cualquier usuario (artículo 11) en caso de ser necesario. Así lo dice en el artículo 14:

“Los Proveedores de Servicios y en general, toda aquella institución privada que mantenga infraestructura informática para la proveeduría de servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones en internet, deberán conservar los datos de tráfico de origen y destino de la comunicación, o cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la investigación.”

Esto último no debería sorprendernos tanto si tomamos en cuenta que la ley Fayad fue redactada en colaboración con la Policía Federal, a la cual se menciona en el artículo 9 para darle la posibilidad de cerrar las “páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública”. Claro, esto con la cooperación de los proveedores de Internet (Telmex, Axtel, etc.).

Finalmente, el documento también señala el término “terrorismo informático” en el artículo 3, fracción XX, donde de forma igualmente ambigua se habla de “la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”. ¿Pero qué es lo que realmente se puede calificar como terrorismo informático? Con una definición así, una publicación en redes sociales podría calificarse com “desestabilizadora”, algo muy delicado cuando se se habla de protestas y denuncias ciudadanas.

Sobra decir lo peligroso que puede resultar si un proyecto como el del senador Omar Fayad llega a convertirse en ley. Y es que esto no sólo propone crear mecanismos de vigilancia para los usuarios de Internet, también ofrece peligrosas herramientas para coartar nuestras libertades. Si quieren leer el documento completo de la ley Fayad, pueden encontrarlo en aquí. También les recomendamos leer este análisis (en el cual nos basamos para esta nota) de R3D, una organización mexicana que se dedica a la defensa de los derechos digitales.

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